En una movida mañana se han desarrollado la continuación de las audiencias que se le adelantan al alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, y su esposa, Dora Emilse López por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Ayer, hacia las 6:30 de la tarde, culminó la audiencia de imputación de cargos que llevaba a cabo la Fiscalía con la determinación que ni el mandatario ni su cónyuge aceptaron cargos. Versión que han sostenido desde el momento de su captura y que manifestaron antes de ingresar al juzgado de Paloquemao en Bogotá. El argumento expuesto por el alcalde Torres para no aceptar cargos es que los señalamientos que hace la Fiscalía son mentiras.

Cumplida esta diligencia, esta mañana se reanudó el proceso hacia las 9:00 de la mañana. En esta nueva sesión se adelantó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los detenidos la cual aún no ha terminado.

Dentro de las acusaciones que hace la Fiscalía se encuentra el testimonio de la excontadora del Alcalde, Patricia Riveros, quien desde el año pasado denunció irregularidades en el manejo de la contabilidad de varias de las empresas de Torres. El ente acusador también denunció que cuenta con interceptaciones de llamadas, desde la época en la que la Registraduría Nacional le negó el aval para ser candidato a la Alcaldía de Yopal, en las que se determina la manera como se planeaba encubrir el ilícito del engaño de cientos de compradores de vivienda en Yopal con la venta de terrenos y viviendas de origen ilícito, al parecer, producto del lavado de activos.

Aseguró la Fiscal Delegada que el mandatario local “se lucró del dinero de los ciudadanos con una promesa engañosa de compraventa de los bienes, usados para pagar sus deudas y compromisos personales, cercanos a los 2 mil millones de pesos. “Pretendió esconder la procedencia ilícita de los terrenos ubicados en la Ciudadela La Bendición en donde se construiría las viviendas por un valor cercano a los 36 mil millones por la obra, dinero del cual no es clara su procedencia”, manifestó la fiscal. La fiscal agregó que los terrenos eran de un reconocido narcotraficante condenado y extraditado a España, bienes que estaban cobijados con medidas cautelares.

Por otra parte, a la señora López Vega se le endilga hacer parte de dos empresas de fachada, tipo SAS (Sociedad por Acciones Simplificada), mediante las cuales se administraban los capitales producto de las compras de los inmuebles.

La pena que contempla el Código Penal de acuerdo con la delegada fiscal, varía entre los 10 y los 30 años de prisión por la gravedad de los delitos.

Foto:eltiempo.com